Conversatorio sobre bioequivalentes y políticas públicas abordó la necesidad de potenciar centros universitarios

· La actividad, organizada por la FCB y la Sociedad de Farmacología de Chile, contó con la participación de representantes del ISP y de la Seremi de Salud del Biobío.

· El Centro de Bioequivalencia (CIAB) de la FCB es uno de los dos únicos organismos universitarios que están autorizados por el ISP para realizar estudios de equivalencia farmacológica en Chile.

La resolución número 727 del Ministerio de Salud, fechada el 14 de noviembre de 2005, fue la primera piedra de la política de equivalencia terapéutica en Chile. A partir de ese documento se definió un listado de 28 productos que debían comprobar su bioequivalencia mediante estudios in vitro o in vivo, lo que se hizo exigible a los laboratorios a partir de 2011 para las nuevas solicitudes de registro y de 2012 para los productos con registro vigente hasta ese momento.La medida apuntaba a estimular la competencia en el mercado de los medicamentos y, de esta forma, disminuir los elevados precios de este bien de primera necesidad.

Sin embargo, a más de 15 años de aquel primer impulso, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió un informe en el que se cuestionó la efectividad de esa política y propuso 14 medidas para mejorar el acceso de la población a los medicamentos. Entre ellas, el incremento del número de bioequivalentes en el mercado.

En este sentido, la Facultad de Ciencias Biológicas, a través del Centro de Bioequivalencia (CIAB), tiene un rol fundamental en la discusión, por ser uno de los dos únicos organismos universitarios autorizados por el ISP para realizar estudios de equivalencia farmacológica en Chile. Así quedó planteado en el primer Conversatorio sobre Bioequivalencia y Políticas de Medicamentos, instancia organizada por la FCB en conjunto con la Sociedad de Farmacología de Chile (Sofarchi).

La iniciativa contó con la participaron de Marta Larenas, jefa del Subdepartamento de Acreditación de Prestadores y Profesiones médicas; Alexis Aceituno, Jefe del Subdepartamento de Biofarmacia y Bioequivalencia del departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) del Instituto de Salud Pública; junto al Director del Departamento de Fisiología de la FCB y Presidente de Sofarchi, doctor Jorge Fuentealba Arcos.Sobre el desarrollo del conversatorio, Alexis Aceituno del ISP manifestó que la jornada “estuvo bien complementada, porque nosotros vemos la parte técnica y la autorización del estudio para el producto bioequivalente.

Pero es la Seremi quien tiene que fiscalizar, a nivel de farmacia, que esta normativa se cumpla y que los productos que se deben estar ofreciendo en el petitorio mínimo, estén presentes”.En tanto, la jefa del Subdepartamento de Acreditación de Prestadores y Profesiones médicas, Marta Larenas, se refirió a las nuevas directrices impulsadas por el actual Gobierno, entre ellas, la ampliación del actual listado de productos que deben estar disponibles en cada farmacia del país según la normativa.

Comentó que “hasta octubre teníamos 79 y ahora llevamos 93 bioequivalentes. El Ministerio (de Salud) está proponiendo, dentro de esta política nacional de medicamentos, aumentar ese petitorio a 200 productos específicamente para enfermedades crónicas, las que están en la canasta Auge y en la Ley Ricarte Soto”.

Para lograr este objetivo, argumentó que “la idea es aumentar el número de laboratorios que realizan estos estudios de bioequivalencia, en atención a que la Política Nacional de Medicamentos está pidiendo aumentar estos bioequivalentes para asegurar la calidad”.En este sentido, el doctor Jorge Fuentealba manifestó que “tuvimos la posibilidad de analizar la actual situación desde distintos ángulos, tanto desde la visión que tiene el ISP como autoridad regulatoria, hasta la perspectiva del Estado”.

Agregó que “aquí es importante entender cómo se está potenciando el desarrollo de políticas de salud relacionadas con los medicamentos para que garanticen la calidad, la eficacia y la seguridad de los fármacos y que, adicionalmente, aseguren que estén disponibles y accesibles a la población general”.Respecto a esto último, el académico UdeC valoró positivamente esta instancia y expuso que “tanto la autoridad sanitaria, como la autoridad regulatoria y la instituciones como la Universidad de Concepción, debemos apoyar la generación de medicamentos de calidad para que la población tenga un acceso equitativo, independiente si tiene más o menos dinero, siempre debería haber una alternativa a un costo razonable”.

Por ello, destacó la potencialidad humana y técnica que posee el CIAB de la FCB para apoyar el desarrollo de nuevos estudios que permitan incrementar el número de medicamentos bioequivalentes en Chile. “el Ministerio de salud está impulsando una política de salud que debería fortalecer a aquellos centros universitarios sin fines de lucro que pueden generar la certificación de calidad de estos medicamentos”.

Agregó que la importancia de esto radica en que “tienen un rol distinto, que es formar nuevos profesionales capacitados en los criterios de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos”.